La demanda interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo se sustenta sobre la base de criterios técnicos y financieros de la institución, avalados por el Centro de Investigaciones y Capacitación de la Administración Publica de la UCR (CICAP) y advertidos por la Contraloría General de la Republica.  Todo en razón de que la nueva ley 9356 no permite y pone en peligro el financiamiento de programas de becas y proyectos de desarrollo, pago de salarios, servicios, seguridad y otros, que determinan el accionar de la institución para la región”, comentó el Ingeniero Carlos Murillo Barrios, Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo del Sur (JUDESUR).

La nueva ley crea un desequilibrio financiero en JUDESUR